El Tribunal de Garantía de Temuco celebra este lunes a las 12 horas la audiencia de formalización contra Yerko Mendoza Carrasco, de 27 años, imputado por el femicidio de Patricia Ojeda, funcionaria municipal de 32 años asesinada en su domicilio de la localidad de Labranza el pasado viernes 26 de junio. El caso expone una cadena de omisiones institucionales: la víctima había denunciado a su agresor por violación 39 días antes del crimen, y el sistema judicial le negó la detención.
Patricia Ojeda, madre de dos hijas de 14 y 4 años, trabajaba en la Dirección de Desarrollo Comunitario de la Municipalidad de Temuco. El 18 de mayo había denunciado a Mendoza por una agresión sexual ocurrida dos días antes. Al no existir flagrancia, el Tribunal de Garantía no autorizó la orden de detención que solicitó el Ministerio Público, y en su reemplazo decretó medidas cautelares de protección. Entre las medidas vigentes se encontraba la prohibición de acercarse a la víctima y a su domicilio, además de la prohibición total de comunicación.
Según los antecedentes preliminares, el imputado ingresó por una ventana al domicilio de la víctima durante la mañana del viernes, situación que activó la alarma de la vivienda y alertó a la Central de Comunicaciones de Carabineros. Al llegar al lugar, los funcionarios solicitaron ingresar al inmueble y, al no obtener respuesta, accedieron debido al riesgo inminente. En ese momento, el imputado advirtió desde una habitación que mantenía un arma de fuego, lo que motivó el repliegue de los efectivos mientras solicitaban apoyo.
La audiencia del sábado fue postergada a la espera del informe de autopsia del Servicio Médico Legal, antecedente considerado clave para precisar los cargos. La Fiscalía informará cargos por femicidio íntimo, violación de morada, desacato y amenazas contra funcionarios de Carabineros de Chile. Según la Fiscalía, las medidas cautelares decretadas habrían sido incumplidas por el imputado, lo que fundamenta también la imputación por desacato.
El padre de Patricia Ojeda, Luis Ojeda, apuntó directamente al sistema. Afirmó que la justicia no estuvo presente para su familia y que el imputado no fue detenido pese a la denuncia previa presentada por su hija. El fiscal adjunto Jorge Mandiola confirmó los hechos pero evitó pronunciarse sobre si la decisión judicial fue un error. Señaló que esa evaluación corresponde a facultades legales del tribunal, y que al Ministerio Público no le compete juzgar esa decisión.
El SernamEG de La Araucanía presentó una querella de oficio invocando la Ley Integral. La directora regional del servicio, Susana Aguilera, confirmó la acción judicial para asegurar el acceso a la justicia y la reparación de la familia. El organismo también inició los trámites para otorgar, en el marco de la Ley de Reparación, una pensión de protección a los dos hijos menores de edad de la víctima. La ministra de la Mujer, Judith Marín, condenó públicamente el hecho.
El crimen de Patricia Ojeda reinstala el debate sobre la efectividad real de las medidas cautelares en casos de violencia intrafamiliar. En Chile, la prohibición de acercamiento es la herramienta más frecuente que otorgan los tribunales frente a denuncias de violencia de pareja, pero su cumplimiento no tiene mecanismo de monitoreo sistemático. La pregunta que dejó abierta el caso es si el Estado hizo todo lo que debía hacer en las 39 jornadas que transcurrieron entre la denuncia y el asesinato.
