La Fundación Hijos y Madres del Silencio (HMS) manifestó su rechazo a la decisión de la Subsecretaría de Derechos Humanos de poner fin a la Unidad de Búsqueda de Orígenes y Familiares de Personas Afectadas por Adopciones Ilegales, Forzadas o Irregulares (UBAFI), mediante la Resolución Exenta N°207, del 22 de junio de 2026. La medida se conoció públicamente el 1 de julio, el mismo día en que la organización recibió el informe final del Comité de Investigación sobre Adopciones Internacionales de Noruega: 772 páginas que dedican un capítulo completo —el número 11— al caso chileno.

El comité, creado por el gobierno noruego en 2023 y que visitó Chile en octubre de 2024, concluyó que entre 1985 y 2016 se tramitaron 314 adopciones de niños chilenos hacia Noruega a través de Adopsjonsforum, la organización privada que intermedió los procesos, la mayoría recién nacidos y de origen mapuche. A juicio del comité, no era responsable que Noruega otorgara en diciembre de 1988 la autorización general de mediación con Chile, país que entonces vivía bajo dictadura militar con niveles significativos de represión y corrupción. Al menos 15 niños llegaron a Noruega antes de que entrara en vigor la Ley 18.703, la primera norma chilena que reguló la salida de menores con fines de adopción internacional; hasta entonces, el mecanismo operaba mediante tutorías y autorizaciones judiciales de salida. Entre 1965 y 1988 rigió además la Ley 16.346, que instauró el secreto de la adopción y ordenó destruir los antecedentes que permitirían hoy reconstruir el origen de miles de personas.

Uno de los hallazgos más sensibles del informe involucra al representante legal de Adopsjonsforum en Chile —cuya identidad el documento no revela— y a la entonces jueza de menores de Temuco, quien decidía la adoptabilidad de los niños y su asignación a familias extranjeras. Según la propia solicitud presentada por Adopsjonsforum en 1987, ese abogado recibía US$1.000 por caso tramitado, y otorgó a la jueza un préstamo personal cuyo monto el comité no logró establecer. El organismo calificó la situación como un riesgo real de corrupción y advirtió que pudo vulnerar el consentimiento informado de las madres y el principio de subsidiariedad.

El informe noruego también documenta el lenguaje de resoluciones judiciales chilenas de los años ochenta, que describían a madres biológicas —jóvenes, pobres, muchas trabajadoras domésticas— en términos discriminatorios, asociando pobreza con incapacidad para criar. En al menos veinte casos examinados, el origen indígena de los niños fue usado como argumento para descartar su adopción dentro de Chile. El comité identificó además un caso, originado en Temuco, en que un niño habría sido separado de su madre al nacer bajo el argumento de que había muerto, patrón que la Fundación dice haber documentado durante años a través de testimonios de madres a quienes nunca se les entregó cuerpo ni certificado de defunción verificable.

Chile no es un caso aislado: en la última década, Países Bajos, Suecia, Dinamarca, Suiza, Francia y Bélgica han concluido investigaciones oficiales que reconocen fallas estatales en adopciones internacionales, y cuatro de ellos han decidido terminar o prohibir el mecanismo. La comisión sueca, por ejemplo, propuso que su Estado pida disculpas públicas a los afectados.

En Chile, la UBAFI no surgió de manera discrecional: respondía a una recomendación de la Mesa Interinstitucional sobre Adopciones Forzadas o Irregulares, creada en marzo de 2024 por instrucción del entonces presidente Gabriel Boric, y a un mandato de la Ley de Reajuste del Sector Público 2026. La Mesa había reconocido por escrito en 2025 que existía certeza sobre violaciones a los derechos humanos en estos casos, y recomendó un acto público de reconocimiento presidencial, una orgánica administrativa de búsqueda, un Banco de Huellas Genéticas y una Comisión de Verdad y Reparación por ley. Un año después, ninguna de esas medidas se ha concretado, y la UBAFI —la única que llegó a implementarse— fue desmantelada a los cuatro meses de creada. No es la primera iniciativa estatal que fracasa: un plan piloto de banco de huellas genéticas anunciado en 2020 nunca operó, y un contrato similar de 2021 fue rescindido por observaciones de constitucionalidad.

Las estimaciones sobre víctimas varían: el ministro en visita Mario Carroza habló en 2018 de cerca de 20 mil casos; su sucesor, Jaime Balmaceda, remitió la cifra a los 1.100 casos investigados en la megacausa; el actual ministro, Alejandro Aguilar, maneja datos de al menos 23 mil casos desde 1983 y 1.600 denuncias en tramitación, sin condenas hasta la fecha.

Consultada por otros medios, la Subsecretaría de Derechos Humanos, confirmó el cierre y explicó que la búsqueda administrativa solo puede activarse ante un requerimiento judicial, el que no se produjo en los tres meses de funcionamiento de la unidad; por ello se optó por reasignar las funciones al gabinete y contratar a un nuevo profesional. El exministro de Justicia Jaime Gajardo calificó la decisión como un retroceso doloroso que contradice compromisos alcanzados con trabajo colaborativo entre distintos gobiernos.

La Fundación insiste en la urgencia: sin recursos estatales y solo con trabajo voluntario, dice haber logrado casi 400 reencuentros, mientras las madres que buscan a sus hijos envejecen.